Integración Social o Beneficencia.

El Partido Popular, tras la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2013, va a dejar sin acceso a los Servicios Sociales a 257.126 personas, ha reducido el número de usuarios de ayudas a domicilio, fundamentalmente mayores, en 31.264 y los programas de prevención e inserción social en 53.163 personas. En estos presupuestos la Sanidad es la más perjudicada, cae en un 22.6% y las prestaciones por desempleo, directamente relacionadas con la exclusión social, disminuyen un 6,3%. Todo ello contrasta con otras partidas presupuestarias, como la de la Casa Real, que ha disminuido sólo un 4%.

A nivel Regional, el PP en el presupuesto para 2013 ha reducido la partida en Servicios Sociales casi un 10% y es inevitable recordar que tras la eliminación de las becas de comedor, ha dejado a más de 1.100 niños y niñas madrileños sin posibilidad de asistir al comedor escolar, a sabiendas de que, actualmente, para muchos de ellos ésta era la única comida diaria decente que hacían.

Estos datos ponen en evidencia que las políticas del Partido Popular están dejando en situación de marginalidad a muchas familias. Con la crisis como excusa, se están desmantelando los Servicios Sociales a la vez que abogando por la política de la beneficencia, de la caridad, de la limosna. Es llamativo que en el borrador de los próximos Presupuestos Regionales se hayan reducido considerablemente varias partidas de la Consejería de Asuntos Sociales a la vez que se van a destinar 2,2 millones de euros a Comedores Sociales para el próximo año. Para el PP se trata de dar de comer al que tiene hambre, para los que creemos en las políticas de integración social, de lo que se trata es de ejecutar políticas para que nadie pase hambre.

Esta apuesta por retroceder a un sistema de beneficencia llega, no es casual, en un momento en que la situación económica de muchos ciudadanos y ciudadanas empieza a ser muy crítica y la exclusión social crece día a día por lo que se debe compaginar la apuesta por políticas inclusivas con la generación de herramientas que palíen estas situaciones límite a corto plazo, lo cual puede generar ciertas contradicciones, no es tarea fácil.

En Parla, donde la situación socio-económica pone en evidencia la necesidad de apostar por medidas de inclusión social, es urgente trabajar en la elaboración de iniciativas dirigidas fundamentalmente a todas aquellas familias que estén en riesgo de desahucio o que tengan dificultades para alimentarse.

Con respecto al problema de vivienda, llevamos varios meses trabajando desde la Comisión Mixta de Desahucios que se creó a propuesta de Izquierda Unida y que está dando notables resultados. En cuanto a las dificultades de muchos vecinos y vecinas para hacerse con alimentos, desde IU estamos realizando una batería de propuestas encaminadas a dirigir recursos para ofrecer comida a quienes no puedan disponer de ella, pero de una forma inclusiva, normalizadora, en las que se compaginen la asistencia a personas sin recursos con la integración social de las mismas.

Por contra, el Partido Popular ha propuesto recientemente la creación de un Comedor Social en Parla, es decir, un espacio físico marginal, una barrera más de separación entre los que más y los que menos tienen.

No debemos ceder ante este tipo de propuestas populistas. Frente a esta marea imparable de recortes sociales sólo cabe una opción: demostrar que hay alternativas, en las instituciones y en la calle. Nos lo jugamos todo.

Escuela concertada o cómo subvencionar la desigualdad

La última propuesta en Parla del Partido Popular ha sido la de construir en el Municipio un nuevo colegio concertado, es decir: un colegio privado, subvencionado por la administración pública. Un centro gestionado por entidades privadas, que en muchas ocasiones nada tienen que ver con el mundo educativo pero, que eligen este sector para hacer negocio o, en el mejor de los casos, centros gestionado desde cooperativas. El PP, que suele posicionarse duramente en contra de las subvenciones públicas hace una excepción cuando se trata de beneficiar la gestión privada. No me sorprende.

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha denunciado en diversas ocasiones la exclusión que se lleva a cabo en los colegios concertados, impidiendo la escolarización a colectivos de inmigrantes, gitanos o personas con un bajo nivel socio-económico. Los niños y niñas con necesidades educativas especiales o con un bajo rendimiento académico encuentran muchas dificultades para poder acceder a este tipo de centros.

Cabe recordar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene la subvención a los 8 Colegios Concertados de la Región que segregan a los alumnos por sexos.

En los centros públicos se encuentra el 85% de la población inmigrante mientras que en los concertados no llega al 12%. Esta discriminación es inaceptable. La diversidad debe concebirse como un valor enriquecedor para el proceso educativo de los menores y es inadmisible subvencionar desde la administración pública centros a los que no pueden acceder con igualdad todos los ciudadanos y ciudadanas. El Partido Popular apuesta, con este tipo de propuestas, por la creación de guetos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela en un estudio reciente que un colegio concertado cuesta a los usuarios un 70% más que uno público. En el 91% de los centros concertados es obligatorio pagar algún tipo de cuota, que se justifica como donación o por la prestación de determinados servicios pero es obligatoria lo cual en principio es ilegal pero, dado que sucede en más de un 90% de los centros concertados, es obvio que no existe ningún tipo de control al respecto.

La partida de comedor en los concertados es más de 30 euros mensuales mayor que en los públicos así como el transporte escolar es casi 400 euros más alta al año para los centros concertados. El uniforme, cuya compra es testimonial en los colegios públicos, es obligatorio en el 87% de las escuelas concertadas y el coste medio del mismo es muy alto: llega a los 208 euros. El 63% de los concertados que vende el uniforme desde una tienda lo hace desde El Corte Inglés, no se les permite a los usuarios buscar una alternativa más asequible.

Aún siendo conocedores de esta realidad, el Partido Popular defiende a ultranza la figura de los centros educativos subvencionados apelando a la libertad de elección de centro de los ciudadanos y ciudadanas.

Muchos parleños y parleñas no pueden elegir libremente entre llevar a sus hijos a un colegio público o a uno concertado por la sencilla razón de que no pueden permitirse los costes de este último. Las diferencias socio-económicas entre la ciudadanía genera una desigualdad de oportunidades que no debemos obviar. La realidad es que sin igualdad entre personas hablar de libertad es, sencillamente, una falacia recurrente de la derecha para defender sus políticas neoliberales que, precisamente, favorecen que esa desigualdad siga existiendo. En este caso, de este modo justifican su notable interés por degradar la escuela pública al tiempo que se potencia la concertada con intereses particulares.

Parla necesita un nuevo colegio público, el número 22, en el barrio de Parla Este, para satisfacer las necesidades urgentes de sus vecinos y vecinas desde el ámbito público y gratuito, un centro a los que todos y todas puedan acceder por igual, una escuela accesible y asequible para todos los parleños y parleñas Desde Izquierda Unida lo venimos reivindicando hace tiempo sin, de momento, tener respuesta del Gobierno Regional. El Partido Popular de Parla, hasta ahora, no se ha pronunciado a este respecto.

Si lo que se pretende desde el PP es crear en Parla un nuevo centro educativo dirigido un número limitado de vecinos, cuyas condiciones socio-económicas se lo permiten, adelante, que se construya un colegio privado. Pero, en ningún caso subvencionado con dinero público.

Lo público es de tod@s. No permitamos que acaben con ello.

Carolina Cordero Núñez

IZQUIERDA UNIDA HA DECIDIDO

En Andalucía la militancia de Izquierda Unida ha hablado: IU entra a formar parte del Gobierno de la Junta con una amplio respaldo de sus bases.

La decisión no ha sido sencilla. No se trataba sólo de valorar si el PSOE en Andalucía, con una trayectoria muy criticada por IU, puede llegar a estar a la altura de asumir las líneas estratégicas oportunas para llevar a cabo una alternativa social a la crisis tal y como se pretende desde Izquierda Unida. Es que, además, hay que tener en cuenta que las decisiones adoptadas por el Partido Socialista en el marco nacional desde hace 3 años como los sucesivos recortes al dictado de Ángela Merkel o la inclusión en la Constitución de la doctrina neoliberal del Déficit Cero, han provocado que la militancia de Izquierda Unida nos hayamos situado en los últimos tiempos tajantemente en frente del Partido Socialista y, por tanto, no es tarea fácil dar un voto de confianza a una organización que es capaz de obviar totalmente su programa electoral  con la excusa, propia de la derecha, del "no queda más remedio".

Esta disyuntiva en la que se ha visto inmersa Izquierda Unida en Andalucía de llegar o no a acuerdos con un partido que ante la dificultad ha demostrado que traiciona a su electorado de izquierdas, no es un caso aislado. Es común, fundamentalmente a nivel municipal, que los resultados electorales propicien la posibilidad de acuerdos entre ambas organizaciones políticas.

El sentido que Izquierda Unida le da a estas alianzas es el de trabajar para provocar un giro a la izquierda en las políticas que habitualmente lleva a cabo el PSOE cuando gobierna solo. Allí donde se obtienen resultados en este sentido los pactos son positivos puesto que repercuten directamente en el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Si, por el contrario, dicha alianza no se traduce en un proyecto político de defensa del empleo y de los servicios públicos, quienes formamos parte de Izquierda Unida tenemos claro que no hay acuerdo posible. Precisamente en Parla, hace pocos meses rompimos un Pacto de Gobierno con el PSOE tras su decisión unilateral de despedir trabajadores.

Seguramente los Medios de Comunicación darán una visión negativa del proceso vivido ayer por parte de IU en Andalucía, ya estamos acostumbrados, y no es casual. Los que creemos en el proyecto de Izquierda Unida somos conscientes de que el modelo de estado que defiende nuestra organización, choca frontalmente con los intereses de las grandes empresas de comunicación. Esto no nos inquieta en absoluto, pues hay otras maneras de llegar al ciudadano más complejas, pero sin duda más eficaces como el trabajo en la calle o con el ejemplo de actitudes intachables como la que ha tomado IU en Andalucía al abrir un proceso democrático para decidir su postura en esta legislatura.

Los compañeros de Izquierda Unida en Andalucía no lo van a tener fácil, han de trabajar en la protección social y en la defensa de los Servicios Públicos y del Estado de Bienestar con un aliado acostumbrado a "mandar" solo y mal, y lo que es peor, con una Gobierno Estatal que está ahogando a las administraciones hasta límites insospechados y que, además, amenaza con intervenir a las Comunidades Autónomas que no cumplan su modelo económico de reducción del déficit. 

Hoy se abre una nueva etapa en Andalucía con muchas incógnitas y dificultades, pero lo que es un hecho objetivo es que el proceso que se ha vivido, que como el propio coordinador General de IULV-CA, Diego Valderas ha señalado, ha sido "pionero y decisivo", responde a una necesidad que la ciudadanía, no sólo la militancia de IU, viene reivindicando: aumentar los cauces democráticos. Por ello, este acto dignifica a mi organización, Izquierda Unida, y es un gesto más que marca nuestra diferencia.

MI VECINO DOMINGO MALAGÓN

La vida de Domingo Malagón es apasionante, todo el mundo debería conocerla. Especialmente, los parleños y parleñas tienen que saber que hasta hace muy pocas semanas han tenido un vecino valiente, comprometido, altruista, que luchó por la libertad jugándose el pellejo y que con su labor salvó numerosas vidas durante la dictadura franquista.

Domingo podría haber tenido una vida tranquila, fue de esas pocas personas que en aquellos tiempos tuvo el privilegio de poder estudiar, sólo le faltaba un año para convertirse en profesor de pintura pero fue entonces cuando un Golpe de Estado provocó una guerra injusta de la que no pudo evitar formar parte. Eligió no tener esa vida tranquila por principios, y eso le honra.

A mi vecino Domingo le dispararon en la espalda durante la guerra y, posteriormente, estuvo varios años en un Campo de Concentración francés de donde se acabó fugando. Fue entonces cuando comenzó la labor por la que ha pasado a la historia como el “Falsificador del PCE”. Sus grandes dotes artísticas le sirvieron para falsificar documentos de identidad y, de este modo, numerosas personas  perseguidas por el Régimen pudieron huir del país. Estos documentos falsos permitieron también a miembros destacados del PCE poder trasladarse a distintas ciudades europeas para asistir a reuniones del Partido Comunista, razón por la que el propio Santiago Carrillo ha llegado a definirle como “el único imprescindible del PCE”. Llegó a falsificar miles de documentos.

Con toda esta labor a sus espaldas, que la vida y obra de Domingo Malagón a día de hoy no sea bien conocida y reconocida es una prueba evidente de que algo no va bien. No es de recibo que no se haga llegar a la ciudadanía parte de la historia reciente fundamental de nuestro país. No es lógico que personas que han luchado hasta el final por la libertad no tengan el reconocimiento que merecen. No es admisible que los más jóvenes no conozcan episodios que son imprescindibles para comprender la historia de España. Y más intolerable es aún, en este caso, que incluso los ciudadanos y ciudadanas de Parla perciban a Domingo Malagón como a un vecino desconocido.

La reparación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y Franquismo       tendrá que llevarse a cabo tarde o temprano porque, por más que se pretenda silenciar la voz de aquellos que fueron protagonistas y víctimas de la barbarie, e incluso teniendo en cuenta que muchos de ellos se nos están yendo, los más jóvenes, tenemos el deber moral de continuar con esta labor.

Para ello, la implicación institucional es imprescindible ya que son las instituciones las que legislan y tienen los recursos necesarios para acometer esta tarea aunque, desgraciadamente, a la vista de los tiempos que corren, poca esperanza hay de que esta lucha contra la impunidad sea fácil y corta.

Desde Izquierda Unida de Parla somos conscientes de la importancia de esta causa y vamos a trabajar para que la figura de Domingo Malagón no se olvide así como para acercar su figura a quien no la conoce aún. Es una responsabilidad que, entiendo, debemos llevar a cabo quienes  creemos en la libertad y en la justicia social.

Cuando, en numerosas ocasiones, he contado que el “Falsificador del PCE” era vecino parleño reconozco haber sentido ese orgullo extraño que a veces nos sale a los que no somos patriotas pero que, de alguna manera, hemos echado raices en un lugar. El mío es Parla y Domingo Malagón, mi vecino, fue un gran hombre.

Carolina Cordero Núñez

Artículo para Mundo Obrero.

El pasado 10 de enero en Parla, en Pleno Ordinario, los Concejales y Concejalas del Grupo Municipal de Izquierda Unida presentamos una propuesta que fue aprobada por mayoría en la que, por un lado, se instaba al Gobierno Estatal a la modificación de la Ley hipotecaria con el fin de regular la Dación en Pago y, paralelamente, se proponía la creación a nivel local de una Comisión Mixta encargada de adoptar medidas para dar cobertura a personas susceptibles de ser desahuciadas por motivos económicos.

Exigimos la modificación de una ley que permite que a ciudadanos y ciudadanas, generalmente familias, se les prive de un techo en el que vivir; ley que no distingue si es invierno, si hay niños o si el desahuciado tiene alternativas. Somos conscientes de que Parla, ciudad especialmente castigada por el desempleo, va a ser testigo de los efectos de la aplicación de esta ley a numerosas familias sin recursos si no se establecen medidas urgentes para evitarlo.

Desde que ha comenzado este nuevo año se han conseguido posponer en Parla dos desahucios: uno de ellos, el de un hombre de más de 70 años; el otro, el de una familia con tres niños pequeños que no tiene familiares en España que les puedan acoger          . Gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la labor y seguimiento que, nos consta, están llevando a cabo las Asambleas del 15M en distintas localidades, a la familia de Abdul se le ha dado una prórroga de un mes.

Estos aplazamientos suponen un balón de oxígeno para las familias  porque les permite disponer de algo más de tiempo para poder buscar una ayuda que les dé la posibilidad de encontrar una vivienda donde alojarse. Con la actual Ley Hipotecaria una moratoria es a lo máximo a lo que pueden aspirar las personas en esta situación porque ésta garantiza que, en algún momento, serán desahuciadas.

Consideramos imprescindible, y así lo reflejamos en la moción presentada a Pleno,  que además de presionar desde el ámbito local a la modificación de la Ley, en los municipios necesitamos crear herramientas para paliar los efectos que ésta tiene sobre los ciudadanos y ciudadanas  porque cuando a una familia se le informa de que va a ser desahuciada, a quien acude es a la administración más cercana, es decir, al Ayuntamiento. Es en éstos donde se concreta esta realidad y somos los que formamos parte de él quienes le ponemos cara y conocemos las características concretas de cada caso. Los Servicios Sociales locales trabajan para tratar de ofrecer alternativas a los vecinos y vecinas que van a ser desalojados de sus viviendas pero los sucesivos recortes que están sufriendo estas dependencias están imposibilitando esta labor y la realidad es que no hay recursos para hacer frente al problema de los desahucios.

 Tenemos que dotarnos, por tanto, de nuevos mecanismos para este fin, instrumentos como el que hemos aprobado en Parla: la creación de una Comisión Especial Mixta formada por miembros de los diferentes Grupos Políticos así como por distintas asociaciones vecinales y de afectados para elaborar un plan de actuación que desemboque en soluciones reales para los ciudadanos y ciudadanas que están atravesando tan dramática situación. En otras localidades ya se ha puesto en marcha esta propuesta y en Parla se procederá a su creación en las próximas semanas.

La Comisión se ocupará de realizar un análisis exhaustivo de los recursos de los que dispone el municipio así como de recoger las demandas y necesidades existentes para hacer frente a los desahucios, fundamentalmente, atendiendo a tres áreas imprescindibles: Vivienda, Empleo y Servicios Sociales. Especialmente importante será estudiar las opciones en cuanto a vivienda que se puedan ofrecer a nivel local.

Actualmente en Parla los pisos de alquiler municipal no son una opción para personas desempleadas porque uno de los requisitos que se exigen para poder acceder a este tipo de vivienda es, precisamente, tener un contrato de trabajo. Haciendo un recorrido por diversos municipios de la Zona Sur de Madrid nos encontramos con un panorama similar: la Vivienda Municipal no está concebida para dar solución al constante incumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que dice que  “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...”

En Izquierda Unida consideramos que un porcentaje de la Vivienda Municipal debe reservarse para vecinos y vecinas con dificultades económicas como son los desempleados y, especialmente, para las familias que estén en un proceso de desahucio.

Para poder ejecutar estos cambios en el modelo de Viviendas de Alquiler Municipal es imprescindible que éstas se gestionen desde el propio ayuntamiento y no mediante una empresa privada como sucede actualmente. Por ello, llevaremos próximamente a Pleno una propuesta para exigir el desarrollo de la Empresa Pública de la Vivienda con el objetivo de que sea desde el ámbito local desde donde se gestionen los pisos municipales. Si la propuesta sale adelante propondremos la creación de una reserva de viviendas para casos de emergencia social.

Nuestra apuesta de trabajo para estos próximos años, por tanto, es ambiciosa: ante la falta de liquidez de las administraciones abogamos por exprimir al máximo los recursos municipales. Si éstos son insuficientes trabajaremos por la creación de nuevas vías potenciando la Participación Ciudadana para, entre todos y todas, ofrecer a la ciudadanía una alternativa social a la crisis. Esperamos que la creación de la Comisión de Desahucios sea un buen ejemplo de ello. No obstante, no debemos perder de vista que las administraciones locales poseen un margen de maniobra muy limitado y que los Gobiernos Regional y  Estatal tendrán que asumir, de una vez por todas, el problema de financiación de los ayuntamientos.

Asimismo, más allá de las medidas de urgencia que se puedan tomar desde el ámbito local, es imprescindible que el Gobierno Estatal afronte el problema de raíz y modifique la actual legislación que permite que las entidades financieras en los procesos de desahucio se adjudiquen las viviendas por el 60% del valor de tasación y puedan seguir  reclamando el pago de la deuda restante, situación que ha dejado ya a cientos de familias con una condena financiera de por vida. 

Artículo para el Mundo obrero escrito por Carolina Cordero Núñez.

Concejala de Parla por IU-LV y coordinadora de áreas transversales de IU-LV Parla.

LA DACIÓN EN PAGO SE IMPONE

Ayer los Concejales y Concejalas del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Parla llevamos a Pleno una moción en la que instamos al Gobierno Estatal a la modificación de la Ley hipotecaria con el fin de regular la Dación en Pago y, además, exigimos que se adopten las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos.

Somos conscientes de que esta realidad, la de los desahucios, que supone un drama social sin precedentes, está más acentuada en localidades como la nuestra, Parla, ciudad especialmente castigada por la crisis en la que los datos de paro no dejan lugar a dudas: innumerables familias parleñas están sufriendo frontalmente los efectos de esta crisis.

Exigimos la modificación de una ley que permite que a ciudadanos y ciudadanas, generalmente familias, se les prive de un techo en el que vivir; ley que no distingue si es invierno, si hay niños o si el desahuciado tiene alternativas.

Desde que ha comenzado este nuevo año se han conseguido aplazar en Parla dos desahucios (uno de ellos, el de un hombre de más de 70 años, el otro, ayer, el de una familia con 3 niños pequeños que no tiene familiares en España que les puedan acoger) Gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la labor y seguimiento que, nos consta, están llevando las Asambleas del 15M en distintas localidades, a la familia de Abdul se le ha dado una prórroga de un mes. Los que hemos estado cerca de Abdul en estos difíciles momentos hemos sido testigos de la durísima realidad que están viviendo muchas familias ante el temor a perder su casa.

Estos aplazamientos suponen un balón de oxígeno para las familias ya que les permite tener algo más de tiempo para poder buscar una ayuda que les dé la posibilidad de encontrar una vivienda donde alojarse. Esto, un aplazamiento, con la actual ley es a lo máximo a lo que pueden aspirar las familias porque dicha Ley Hipotecaria garantiza que, en algún momento, serán desahuciadas.

A sabiendas de que en este año que empieza se van a registrar un alto número de desahucios en nuestro municipio los Grupos Políticos que conformamos la Corporación Municipal no podemos permanecer impasibles y tenemos el deber de dar la talla en estos momentos tan complicados.

En el momento en que a una familia se le informa de que va a ser desahuciada a quien acude es a la administración más cercana, es decir: al Ayuntamiento. Son concretamente los Servicios Sociales de los ayuntamientos quienes acogen cada caso y tratan de ofrecer a cada familia una solución a su dramática situación. Ante la situación actual de los Servicios Sociales, que como ya sabemos han sufrido distintos recortes tanto por parte de la Comunidad de Madrid como del Gobierno Local, la realidad es que no cuentan con recursos y están desbordados ante este tipo de situaciones.

Cuando en el Congreso de los Diputados se debaten los desahucios, lo que hay encima de la mesa son números, meros datos y estadísticas. Es en los ayuntamientos donde se concreta esta realidad y somos los que formamos parte de él quienes le ponemos cara y conocemos las características concretas de cada caso.

Es por esto que los ayuntamientos deben poder tener capacidad para asumir este problema y los miembros de las Corporaciones Municipales necesitamos herramientas para trabajar en este sentido. Herramientas como la que se ha aprobado hoy en Pleno: la creación de una Comisión Especial Mixta formada por miembros de los distintos Grupos Políticos así como de distintas asociaciones vecinales y de afectados para elaborar un plan de actuación que desemboque en soluciones reales para los vecinos y vecinas que están atravesando tan amargos momentos.

En mayo del 2009 el Grupo Municipal de IU ya llevó a pleno una propuesta pidiendo que se instara al Gobierno de la Nación a plantear la modificación de la Ley Hipotecaria, moción que fue aprobada con los votos de IU y PP. El PSOE en aquel entonces se abstuvo alegando que no era competencia municipal.

La gran incógnita de hoy ha sido si el PP volvería a apoyar la propuesta o cambiaría de opinión dado que en la actualidad quien tiene potestad para la modificación de la ley es precisamente el Partido Popular, que gobierna y tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. La razón de esta desconfianza hacia su voto no es casual, todos y todas estamos comprobando casi a diario cómo los dirigentes Populares son capaces de decir una cosa o la contraria si están en la oposición o gobernando. Los ciudadanos y ciudadanas de Parla hemos vivido un ejemplo muy recientemente: el PP de Parla recogió hace unas semanas firmas para bajar el IBI al mínimo legal. Una semana más tarde el Gobierno de Rajoy anunció la subida del IBI.

El voto del PSOE lo teníamos claro: ellos ahora que han perdido el Gobierno Estatal poyan sin dilaciones la Dación en Pago pero es curioso que cuando tuvieron posibilidad de sacar adelante esta propuesta en el Congreso, es decir, cuando gobernaban ellos, votaron en contra. Y digo que lo teníamos claro porque ya estamos acostumbrados a estas incoherencias del PSOE. Ahora que están en la oposición vuelven a ponerse al lado izquierdo. Hasta que vuelvan a gobernar, evidentemente...

Finalmente la moción ha salido adelante con los votos de IU, PSOE y PP.

UPyD, en cambio, se ha abstenido alegando que como su partido ya ha registrado una propuesta en la misma línea en el Congreso de los Diputados este trabajo ya está hecho. Es obvio que independientemente de las propuestas que lleve a cabo este partido en Izquierda Unida son muchos años ya los que llevamos con esta reivindicación y no vamos a dejar de hacerla y de llevar propuestas hasta que se apruebe una modificación de la Ley. Totalmente surrealista la postura de UPyD, vamos a tener que recordarles de vez en cuando que la política ya existía antes de que ellos llegaran.

Al margen de estas diferencias, una vez aprobada la moción, lo que toca es comenzar a darle forma a la Comisión y, en consecuencia, empezar a trabajar y a poner nuestro granito de arena para que la crisis no la paguen los que menos tienen.

Además, esperamos que mociones similares a ésta proliferen en muchos ayuntamientos y el Gobierno Estatal tome nota.